A tres días del cierre de las urnas, Honduras continúa sin un ganador oficial en las elecciones generales. Luego de continuar el conteo y con poco más del 79% de las actas procesadas, el Consejo Nacional Electoral anunció un “empate técnico” entre los dos principales candidatos presidenciales: Salvador Nasrallah, del Partido Liberal, con el 40,33%, y Nasri Asfura, del Partido Nacional, con el 39,59%. Detrás está Rixi Moncada, exministra de Defensa y candidata de Libre, el partido gobernante, con un 19%.
En un escenario tan ajustado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no pudo declarar un ganador y la declaración oficial podría tardar hasta 30 días, según lo permite la normativa electoral hondureña. Esta combinación de recuentos lentos y a veces suspendidos, márgenes mínimos y falta de resultados finales alimentó un clima de tensión social y política.
Para muchos, la lenta transmisión de los resultados recordó los episodios de 2017, cuando el retraso en el recuento provocó protestas, muertes y una grave crisis de legitimidad.
Riesgos de disputa narrativa y impugnación de resultados
Los riesgos de una disputa aumentan a raíz del estrecho margen, la falta de una definición oficial antes de la votación y el oficialismo que no admite la derrota. Sobre este escenario se ciernen factores desestabilizadores: denuncias de irregularidades, cuestionamientos sobre la transparencia del conteo de votos, declaraciones sobre posible hackeo al sistema del CNE, presiones de simpatizantes y exigencias de recuentos e impugnaciones. En un país con instituciones debilitadas, cualquier percepción de opacidad puede convertirse rápidamente en un detonante de conflicto.
es un proceso electoral
Honduras entró a las elecciones el 30 de noviembre de 2025 en un ambiente marcado por una fuerte polarización y profundas tensiones institucionales. El Consejo Nacional Electoral ha enfrentado meses de divisiones internas, retrasos logísticos y cuestionamientos sobre su capacidad operativa.
Estos factores afectaron directamente la credibilidad del proceso. Las primarias de marzo, que registraron importantes fallos en la entrega de material electoral, la transmisión de resultados y el mantenimiento de registros, siguieron siendo una carga para la memoria de los ciudadanos y de la comunidad internacional. Por lo tanto, cualquier error en las elecciones del 30 de noviembre inevitablemente remitiría a la historia electoral inmediata.
A este escenario se sumaron presiones políticas de diversos actores, entre ellos la presidenta del país, Xiomara Castro, y el presidente estadounidense, Donald Trump, quienes incluso lanzaron amenazas veladas desde la Verdad.
Las preocupaciones fueron mayores sobre el papel de las Fuerzas Armadas, en el contexto de un prolongado estado de emergencia en gran parte del territorio, que había limitado las libertades civiles.
La confianza en la integridad de la votación fue tan crucial como el resultado mismo. Sin la certeza de la transparencia, las posibilidades de que se produzcan desafíos, malestar social o una crisis postelectoral siguen siendo altas.
Polarización y acusaciones de fraude
Las elecciones de noviembre de 2025 se celebraron en un clima político profundamente polarizado. Los principales bloques partidistas (Libre, Partido Nacional y Partido Liberal) llegaron con una narrativa de desconfianza mutua y acusaciones cruzadas de posible fraude.
Diversos sectores políticos advirtieron, incluso antes de la apertura de las urnas, sobre posibles irregularidades en la transmisión de datos, el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la transparencia del conteo.
La estrecha competencia entre candidatos alimentó esta percepción de riesgo. Este ambiente previo estuvo cortado no sólo por un debate partidista, sino también por una batalla narrativa en la que cada actor buscó imponer su propia interpretación del proceso.
La lucha discursiva condicionó en última instancia la legitimidad de cualquier dato oficial, incluso antes de que fuera publicado. Se ha preparado el terreno para la lucha electoral no sólo en los colegios electorales, sino también en el terreno simbólico. Define qué versión del suceso es creíble para los ciudadanos.
Las demandas de los ciudadanos son suficientes
El día llegó después de años de deterioro social acumulado, con niveles persistentes de violencia, migración masiva, inseguridad económica e instituciones debilitadas. Para muchos hondureños, las elecciones representaron no sólo un cambio en los gobiernos locales y nacionales, sino también una oportunidad para redefinir los términos de la gobernabilidad democrática.
Los ciudadanos exigían, sobre todo, seguridad, oportunidades reales de empleo, justicia efectiva y un Estado menos permeable a la corrupción. Este cansancio general ha creado un electorado más exigente y menos dispuesto a tolerar fallos técnicos o decisiones opacas de sus autoridades.
El estigma de elecciones anteriores
Las elecciones de 2017, empañadas por acusaciones de fraude, recuentos retrasados y una fuerte crisis de legitimidad, siguen siendo un precedente clave en la memoria colectiva. La victoria de Xiomare Castro en 2021 obtuvo reconocimiento general y condujo a una transición más estable, aunque persistieron fuertes tensiones entre instituciones y partidos.
Esta historia reciente ha elevado drásticamente las exigencias del CNE, creado en 2019 para garantizar una mayor independencia técnica del organismo electoral. A pesar de ello, este organismo sigue recibiendo críticas y quejas, que no siempre están justificadas.
Tecnología electoral, desigualdades y capacidades limitadas
En las elecciones de 2025 se introdujo un sistema de verificación biométrica y transmisión electrónica de resultados. Esto representó un avance en el fortalecimiento de la integridad del proceso. Sin embargo, los problemas de conectividad y la infraestructura insegura en las zonas rurales plantearon un desafío estructural.
Algunas fallas, como cortes de red, fallas del sistema, retrasos y errores en la lectura de huellas dactilares o rostros, pueden interpretarse como signos de acceso o interferencia no autorizada. Los informes de seguimiento nacionales e internacionales alertan de estas desigualdades y problemas tecnológicos, que no son accidentales sino estructurales y que han convertido la introducción de herramientas biométricas en un desafío técnico y político al mismo tiempo.
Observar a los ciudadanos y vigilar a los medios de comunicación como contrapeso
A pesar de las dificultades institucionales del proceso, asistieron a las elecciones 6.300 observadores electorales. Según el CNE, en la observación electoral participaron 43 organizaciones nacionales y 25 internacionales, haciendo un total de 68. Este hecho permitió una supervisión directa en el campo.
El trabajo de estas misiones y plataformas de observación cobró especial relevancia en momentos en que se reportaron incidentes graves. Entre ellos, la expulsión de observadores internacionales del colegio electoral por parte de grupos vinculados al oficialismo o la falta de seguimiento del proceso por parte del jurado y miembros de las mesas electorales.
La intensa cobertura mediática permitió exponer irregularidades, contrarrestar el discurso de los actores políticos y mantener la presión pública para exigir transparencia. Si bien este seguimiento constante no elimina los riesgos inherentes a un proceso tan limitado, ha contribuido a frenar los abusos, hacer visibles las irregularidades y contrarrestar la incertidumbre institucional.
El papel clave de la fase postelectoral
Lo que suceda en los próximos días será decisivo para la estabilidad política de Honduras. Una definición clara del ganador, la aceptación de los resultados por parte de diversos actores políticos y la divulgación completa y verificable del acta serán pruebas clave para evaluar la solidez de su sistema electoral.
En procesos recientes en la región, organizaciones como la OEA y la UE han enfatizado que la fase postelectoral es tan relevante y delicada como el día de la votación. Los mayores riesgos de conflicto y erosión institucional tienden a concentrarse allí.
Como observador internacional acreditado invitado por el Consejo Nacional Electoral para estas elecciones generales, pude constatar directamente que la complejidad del contexto hondureño no radica sólo en fallas técnicas o retrasos en el conteo, sino en la fuerte desconfianza que precede, rodea y condiciona cada decisión del sistema electoral y del gobierno.
La combinación de repetidas acusaciones de fraude, vulnerabilidades tecnológicas, narrativas contradictorias y declaraciones de no reconocimiento de resultados establece un escenario en el que cualquier error, por pequeño que sea, se convierte en un detonante político.
Un punto de inflexión para la democracia
En Honduras persisten posiciones irreconciliables entre partidos, mensajes contradictorios de sus líderes y presiones de bases movilizadas. Este escenario podría conducir a una nueva crisis institucional si no se gestiona responsablemente. En un país donde las Fuerzas Armadas han jugado históricamente un papel decisivo en tiempos de inestabilidad, su comportamiento ante el resultado electoral también será un elemento clave para preservar el orden democrático.
La cuestión central hoy no es sólo quién será finalmente declarado presidente, sino si Honduras logrará convertir este momento crítico en un punto de inflexión. La verdadera prueba de la democracia hondureña reside en la capacidad de sus instituciones para ofrecer seguridad. También radica en la responsabilidad pública con la que actúan los partidos políticos y sus dirigentes, así como en la madurez de los ciudadanos para mantener el reclamo de transparencia sin caer en una polarización más destructiva.
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