En las ciudades latinoamericanas las motocicletas se han convertido en protagonistas silenciosas de la vida urbana. Más que una solución para la movilidad personal, hoy son un instrumento de desarrollo económico y laboral y una parte básica de la cadena de suministro.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2022), su presencia se consolidó inicialmente como respuesta a la falta de transporte público confiable. De Ciudad de México a Lima, de São Paulo a Caracas, las motocicletas transportan personas, medicinas, alimentos y documentos y desempeñan un papel protagonista en la eficiencia de la economía urbana sin depender del transporte público.
Fenómeno regional con impacto económico
América Latina está experimentando un crecimiento importante en el parque de motocicletas. En Colombia, se duplicó en menos de una década. En Perú, las ventas aumentaron más del 60% después de la pandemia. Y en Venezuela, datos oficiales muestran que en 2025 más de un millón de personas deambularán por las calles de sus ciudades.
Este aumento no solo refleja el cambio en la movilidad personal, sino también la expansión de la economía digital y la entrega urbana, que conecta a consumidores y empresas con una eficiencia sin precedentes.
El auge del reparto urbano ha redefinido por completo el papel de las motocicletas. En Brasil, iFood emplea a más de 200.000 repartidores. En Colombia, Rappi se ha consolidado como una de las principales plataformas independientes de trabajo e ingresos, y en Venezuela cadenas como Farmatodo están desarrollando sus propias redes de reparto en moto.
En este contexto, la motocicleta se ha convertido en un instrumento de desarrollo económico y laboral que facilita el comercio y distribución de bienes básicos en las zonas urbanas.
Empleo motorizado y formalización parcial
El impacto de este fenómeno en el trabajo es indiscutible. Se estima que en 2024 más de 200.000 motorizados se incorporarían al sector delivery en Venezuela, y más de 300.000 ya estarían trabajando como repartidores.
Estas cifras reflejan la capacidad del comercio electrónico para crear empleos con ingresos superiores al salario mínimo, incluso en medio de una recesión económica.
Sin embargo, el crecimiento del empleo motorizado también pone de relieve las tensiones entre la formalidad y la informalidad laboral en Venezuela. Las entregas operan bajo contratos de servicios, sin derechos plenos, lo que crea una formalización híbrida: están uniformados, tienen seguro (parcial) y rutinas fijas, pero no estabilidad ni beneficios completos.
Un fenómeno similar se observa en otros países de la región. En Perú, el Ministerio de Trabajo está evaluando regulaciones para trabajadores digitales que dependen de plataformas de entrega; En Brasil, el debate sobre los motociclistas en plataformas como iFood ha llegado al Congreso, y en Colombia las asociaciones de motociclistas exigen su inclusión en la seguridad social.
En Venezuela, el intento fallido de regular el sector ilustra la complejidad del tema y muestra la urgencia de una política coherente que reconozca el valor económico y social del trabajo motorizado.
Motos: la infraestructura invisible de las ciudades
Más allá del reparto, las motocicletas se han convertido en la infraestructura invisible que impulsa a las ciudades. Conectan empresas y clientes, apoyan el comercio electrónico y facilitan la circulación de bienes esenciales en áreas congestionadas o con transporte público limitado.
Gracias a ellos, miles de familias generan ingresos y las ciudades mantienen su ritmo económico diario. Este papel, a menudo ignorado por la planificación urbana, ha permitido la continuidad de servicios críticos en contextos de crisis o congestión.
Al mismo tiempo, las motocicletas han permitido la inclusión de sectores tradicionalmente vulnerables en la economía, ofreciendo opciones de empleo flexibles y adaptables. Sin embargo, este modelo plantea nuevos desafíos para la seguridad vial, la planificación urbana y la sostenibilidad ambiental.
Hacia una movilidad productiva y sostenible
Un gran desafío regional es reconocer los vehículos de motor como una parte importante de la economía y la movilidad urbana. Su integración en las políticas de seguridad vial, transición energética y protección social es necesaria para avanzar hacia un modelo de movilidad productivo y sostenible.
La Organización Internacional del Trabajo (2021) señaló que los países que han logrado regular exitosamente este tipo de empleo no lo han hecho restringiendo las motocicletas, sino asegurando que tengan condiciones seguras, eficientes y sostenibles.
Electrificar flotas y crear una infraestructura segura para las motos podría reducir los accidentes de tráfico y las emisiones, consolidando un modelo de transporte urbano más responsable.
Medidas como incentivos a la electrificación, educación vial específica, seguros adecuados y la creación de datos abiertos sobre el empleo motorizado son pasos trascendentales para transformar la movilidad productiva en movilidad digna.
Al cerrar
En América Latina las motocicletas han pasado de ser un recurso de movilidad individual a un componente estructural de la economía urbana. Su combinación de eficiencia logística y flexibilidad de la fuerza laboral redefine la movilidad, el trabajo y la planificación urbana.
Reconocerlos como parte de la infraestructura económica es esencial para diseñar políticas de transporte, seguridad y sostenibilidad que se ajusten a las verdaderas dinámicas de la vida urbana contemporánea porque, después de todo, buena parte de la economía latinoamericana continúa moviéndose –literalmente– sobre dos ruedas.
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