Recientemente, el Consejo Andaluz de Transparencia y Protección de Datos abrió un procedimiento sancionador por infracciones de la normativa de protección de datos personales contra la Junta de Andalucía, por vulnerar varios artículos del Reglamento de Protección de Datos en su acuerdo con Google Irlanda. Este acuerdo facilitó el uso de la plataforma educativa Google Workplace for Education en las escuelas. En un informe posterior sobre el estado del cumplimiento de la resolución, el Consejo señaló que la propia evaluación de impacto de la protección de datos reconocía un riesgo “muy alto”.
Los datos de los estudiantes están en riesgo
Tras las medidas correctoras propuestas por el Consejo, el riesgo se ha reducido a “aceptable”. Sin embargo, el organismo advirtió que esta transformación del riesgo, aunque probable, no estaba suficientemente documentada.
El Consejo afirma que el riesgo intrínseco del tratamiento de estos datos es muy elevado debido a “la naturaleza del tratamiento, el alcance de los interesados y la especial protección hacia los menores”.
Plataformas educativas de gigantes tecnológicos
Este tipo de acuerdos no son exclusivos de Andalucía. Desde la pandemia se han extendido a otras comunidades autónomas. ¿Qué significan para los menores y la idea misma de educación?
En primer lugar, cabe señalar que Google es una empresa que está en deuda con sus accionistas y opera desde el extranjero, con una infraestructura repartida por todo el mundo. Tu negocio son los datos. Según Randall Strauss, autor de Planet Google, éste lleva años recopilando masivamente diversas categorías de información. A veces, no está directamente relacionado con su trabajo.
Se trata de una empresa que ha sido condenada por prácticas monopólicas en Estados Unidos y multada repetidamente por la Unión Europea. La última vez fue hace apenas seis meses por abuso de posición dominante.
La importancia del principio de precaución
Vivimos en un contexto global marcado por conflictos en las relaciones transatlánticas y un cuestionamiento activo por parte de destacados actores estadounidenses de las regulaciones europeas que rigen Internet. Esta legislación, aunque no es una panacea, impone algunas restricciones a estas grandes corporaciones y garantiza algunos derechos a los usuarios.
Todo esto debería ser suficiente para observar una cierta cautela o la aplicación del principio de precaución tecnológica, especialmente en el caso en que se trata del bien jurídico subyacente. Este principio sería similar al aplicado a los riesgos ambientales o para la salud.
Por otra parte, no existen soluciones aisladas a los problemas estructurales. Y menos aún en Internet, donde las relaciones de dominio están repartidas. La opinión pública empieza a vislumbrar la complejidad del desafío tecnológico cuando las consecuencias del acceso de menores a las redes sociales, la difusión del odio o noticias falsas y el uso cuestionable, cuando no criminal, de la inteligencia artificial generan alarma social.
La educación es uno de los pilares de nuestras sociedades, y tiene mucho sentido permanecer alerta a la hora de desmentir ficciones -como la seguridad medioambiental de Internet- o reducir el aura mítica que aún conserva esta tecnología.
Los cambios deben estar bien pensados y sujetos a procesos serios y rigurosos de reflexión y consideración colectiva.
La educación, un bien colectivo
La educación debe ser considerada principalmente una necesidad social, sujeta al bien común, donde las entidades privadas pueden tomar decisiones, pero siempre sujeta a una estricta garantía de los derechos fundamentales.
Educar significa liderar. En una época de demasiado automatismo y pocas referencias al arte y al pensamiento que nos construyeron como personas, es necesario mejorar la inteligencia crítica. Nuestros alumnos deberían conocer mejor las posibilidades que ofrece Internet. Quizás debería haber un tema donde conocieran sus posibilidades y riesgos.
En este escenario, la normalización del ecosistema tecnológico de una gran corporación cuyo propósito es ganar dinero con nuestros estudiantes puede tener consecuencias no deseadas. Nuestras abuelas decían: nadie da dólares por 4 pesetas.
Existen alternativas transparentes que pueden ser revisadas y modificadas según las necesidades de los centros. No deben excluirse vías abiertas, colectivas y creativas asociadas con el software libre y la transparencia, como la plataforma educativa de código abierto Moodle.
Nadie nos preguntó qué internet queríamos. Actualmente no existe un debate serio sobre el uso de la inteligencia artificial, en relación con sus objetivos y los sectores en los que se aplica.
En la práctica, los valores que conforman las democracias están cada vez más condicionados por decisiones tomadas por entidades mayoritariamente privadas y con fines de lucro. ¿Deben los Estados sociales y democráticos de derecho “adaptarse” a los cambios tecnológicos? ¿O mejor dicho debería ser al revés?
*SE ESPERA QUE EL ARTÍCULO ENLAZADO EN EL ÚLTIMO ENLACE SEA PUBLICADO YA QUE COMPLEMENTA BIEN ESTE ARTÍCULO*
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