Aunque Guatemala tiene tierras fértiles, minería y plantas hidroeléctricas, según el Banco Mundial, es un país pobre: alrededor del 10% de la población vive con menos de 3 dólares al día, y el 56% de la población vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan el umbral necesario para cubrir las necesidades básicas. Este es uno de los porcentajes más altos de Centroamérica.
Guatemala es pobre no por mala suerte o falta de recursos, sino porque sus instituciones están diseñadas para extraer riqueza, no para crearla. Y ese diseño ha existido desde la Conquista, como documentaron los economistas Daron Acemoglu y James Robinson en su libro de 2012 Por qué fracasan los países.
Después de la independencia, y reforzado por las reformas liberales de finales del siglo XIX –que promovieron la creación de haciendas cafetaleras y un sistema de trabajo forzoso para la población indígena– el poder político y económico siguió concentrado en la minoría. En 1944, la Revolución Guatemalteca puso fin a décadas de gobierno dictatorial e intentó cambiar ese equilibrio mediante reformas laborales y agrarias. Pero aunque el sistema político se abrió, las elites lograron adaptarse y mantener una influencia decisiva sobre el Estado.
Instituciones que extraen
Acemoglu y Robinson distinguen dos tipos de instituciones (entendidas como las reglas del juego que rigen el funcionamiento de la economía): inclusivas, que distribuyen ampliamente las oportunidades y generan crecimiento, y extractivas, organizadas para concentrar la riqueza en manos de la élite a expensas del resto.
Guatemala es, para estos autores, un claro ejemplo de economía extractiva en el hemisferio occidental.
Los datos lo confirman. Desde 1980, Guatemala ha recaudado impuestos equivalentes a poco más del 12% de su PIB, cifra que se ha mantenido prácticamente sin cambios en cuatro décadas, mientras que Colombia ha pasado del 10% al 22% y Ghana ha superado a Guatemala. El promedio latinoamericano actual supera el 21%.
El índice de democracia igualitaria de V-Dem –que mide el grado en que el poder político está distribuido uniformemente entre los grupos sociales– sitúa a Guatemala en 0,30 sobre 1 en 2024, en comparación con el promedio mundial de 0,37.
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La trampa del talento exportado
El dato más revelador sobre el fracaso institucional de Guatemala son las remesas. En 2024, según datos del Banco de Guatemala, los guatemaltecos emigrantes enviaron a sus familias más de $25 mil millones, el 21,1% del PIB nacional. Más que inversión extranjera directa e ingresos por exportaciones.
Esto no habla de falta de capacidad, sino de una economía que no puede absorber productivamente a su propia población. Por tanto, el talento no desaparece: se exporta.
¿Por qué las reformas no funcionan?
Guatemala ha intentado reformar varias veces: 1944 (cuando comenzó un período de profundas reformas sociales), 1985 (transición a la democracia después de décadas de gobierno militar), 1996 (un acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado interno) y 2015 (anticorrupción que llevó a la removilización del presidente Morezina contra la corrupción). Estos episodios abrieron ventanas de reforma que no lograron cambiar permanentemente las estructuras de poder. Cada intento fue absorbido, revertido o capturado antes de que produjera un cambio duradero. ¿Porque?
El politólogo Paul Pearson explica esto con el concepto de dependencia de trayectoria: las instituciones crean ventajas que se refuerzan a sí mismas. Cuanto más tiempo esté en funcionamiento el sistema extractivo, más actores organizarán sus intereses en torno a él y más costoso será cambiarlo. No porque el sistema sea bueno, sino porque se instaló primero.
En 2019, según la ONUDD, el 25% de los guatemaltecos que tuvieron contacto con un funcionario público dijeron que les pidieron que pagaran, y en algunos casos les dieron, un soborno. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, Guatemala obtiene una puntuación de 26 sobre un máximo de 100 y ocupa el puesto 142 de 182, lo que la sitúa en el tercio inferior del ranking mundial.
En 2024, el FMI enfatizó la urgencia de que Guatemala avance en reformas estructurales, advirtiendo que su implementación “no puede esperar”.
Sal del hoyo
Acemoglu y Robinson no son deterministas. Documentan casos en los que se ha roto la trampa: Corea del Sur, Botswana, Estonia. En todos ellos había una amplia coalición con intereses genuinos por instituciones inclusivas y una situación que cambió el equilibrio de poder de manera suficientemente profunda.
Una situación permanente de pobreza no tiene por qué ser el destino del país. Pero no se sale del hoyo sin entender por qué caíste en él.
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