La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marca un punto de inflexión en la historia moderna de Venezuela. El escenario del ataque se basa en cargos presentados por el Departamento de Justicia por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración para poseer medios destructivos, con la justificación de la orden del tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNI), tribunal que lleva a cabo la investigación desde 2020.
La acusación describe una red de corrupción que durante más de dos décadas vinculó a altos funcionarios venezolanos con las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cárteles como el de Sinaloa y Los Zetas. La captura no surge de la nada: es la culminación de un proceso judicial que ya perfiló la responsabilidad penal de Maduro y su círculo íntimo.
Además, la narrativa de la oposición se centra en que la detención abre una oportunidad sin precedentes para la transición política, por lo que María Corina Machado agregó que “a partir de hoy Maduro enfrenta la justicia internacional por los atroces crímenes cometidos”.
Intervención ilegítima y responsabilidad internacional
La operación militar estadounidense plantea cuestiones fundamentales en el derecho internacional. Desde la perspectiva del régimen venezolano, el ataque a sus instalaciones militares constituye un acto de guerra y una violación de la soberanía nacional. Desde la perspectiva de Washington, se trataba de la ejecución de una orden judicial relacionada con crímenes transnacionales, y el uso de la fuerza se presentó como una acción legítima para proteger a los funcionarios federales. Sin embargo, las declaraciones inmediatas de Donald Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio apuntan a un objetivo político más amplio.
El principio de no intervención, consagrado en la Carta de la ONU, se opone a la responsabilidad por el narcoterrorismo. Estados Unidos justifica la operación con la necesidad de combatir amenazas directas a su seguridad nacional. Paralelamente, instrumentos como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes refuerzan la idea de que los Estados tienen la obligación de cooperar en el procesamiento de delitos transnacionales. Esta cooperación se vuelve imposible cuando uno de los estados es considerado “renegado”.
La tensión entre soberanía y seguridad internacional se convierte en el eje jurídico de la crisis: ¿puede un Estado intervenir militarmente para capturar al jefe de otro Estado acusado de narcoterrorismo? La respuesta no está escrita en los contratos, sino en la práctica política y la fuerza de los hechos.
¿Quién gobernará Venezuela?
La complejidad del escenario es máxima. Por un lado, el reclamo esencial es que Nicolás Maduro cometió un fraude que anuló el resultado del proceso electoral del 28 de julio de 2024 en el que resultó electo Edmundo González con el apoyo de María Corina Machado y Corina Joris, inhabilitadas por la maniobra electrónica del Consejo Nacional. Esto implicaría la ilegitimidad de los orígenes del gobierno de Maduro.
Por otro lado, cuando Maduro jure su cargo el 10 de enero de 2025, su detención genera una situación sin precedentes que intentará ser amparada por el artículo 233 de la Constitución venezolana. La norma establece que la ausencia absoluta del presidente debe ser suplida por la vicepresidenta ejecutiva -en este caso Delsey Rodríguez-, lo que implicaría continuidad política del régimen.
En paralelo, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, condena la agresión a la soberanía nacional, aunque sin el acompañamiento del mando militar supremo, como es su costumbre. Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, apareció acompañado de fuerzas paramilitares, lo que representa el mayor riesgo de violencia interna.
El escrito apócrifo anunciaba un estado de emergencia debido a un shock externo, con el objetivo de centralizar el poder y proyectar una imagen de “control total de la situación”. Por lo tanto, la gobernanza de Venezuela está atrapada entre la legalidad constitucional y la defacología de un régimen que intenta sobrevivir sin su líder principal.
Influencia regional
La connotación internacional del ataque a instalaciones militares venezolanas y la captura de Maduro es incuestionable. Trump afirmó en una rueda de prensa que Estados Unidos “gobernará Venezuela hasta que se implemente una transición pacífica, adecuada y razonable” y advirtió que está lista una segunda ola de ataques “mucho mayor” si fuera necesario. Además, señaló que la transición será liderada por un equipo formado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegsett, en cooperación con la oposición venezolana.
Las declaraciones se extendieron a Colombia y Cuba. Trump advirtió que el presidente Gustavo Petro necesita “cuidarse el trasero”, acusándolo de producir cocaína que ingresa a Estados Unidos. Petro respondió a esta afirmación calificando la operación de “ataque a la soberanía” de América Latina y advirtió de una crisis humanitaria aún mayor en Venezuela.
La captura de Maduro, por tanto, no sólo redefine la política venezolana, sino que también reconfigura la geopolítica regional, con tensiones directas entre Washington y Bogotá, y dejando en el aire el destino de Cuba y Nicaragua.
Transición o violencia: el dilema de 2026
Los días inmediatamente posteriores a la captura serán críticos. Según la narrativa oficial estadounidense, la apertura a una transición democrática, forzada por la administración Trump, no permite negociaciones, pero las formas pueden iniciar un ciclo de violencia permanente. La neutralización de los grupos paramilitares y la posible disolución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana determinarán el desenlace.
La presión internacional es ambivalente: la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo apoyan el resultado del 28-J y reconocen a González como presidente. Mientras tanto, regímenes autoritarios como Cuba y Nicaragua, potencias globales como Rusia y China y fundamentalismos como Irán y Corea del Norte apoyan al régimen de Maduro.
Los factores democráticos insisten en que esta es una oportunidad para la renovación democrática de Venezuela. Sin embargo, el riesgo de conflictos internos y de una crisis humanitaria aún mayor es real. La gobernanza de Venezuela se encuentra en un terreno incierto, donde la legalidad constitucional está diluida y la fuerza de los hechos se entrelaza con la anarquía.
El resultado aún no ha sido escrito.
Venezuela entra en 2026 en la más absoluta incertidumbre. A Chavis se le acabó el tiempo. No hay un resultado escrito, pero sí una certeza: el sistema autoritario no puede mantenerse y está bajo amenaza de un segundo y definitivo ataque de Estados Unidos. El desenlace ya implica una ruptura, aunque hay dos elementos indefinidos: el nivel de violencia y el grado de protectorado anunciado por Trump.
El problema no es si habrá cambios, sino cómo ocurrirán y a qué costo. El arresto de Maduro abre una ventana sin precedentes para la justicia internacional y la transición política, pero también expone al país a riesgos de violencia y fragmentación. La historia de Venezuela se está redefiniendo en tiempo real. Una tragedia que comenzó con el desmantelamiento institucional llevado a cabo por Hugo Chávez Frías, quien utilizó él mismo mecanismos democráticos contra la democracia.
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