¿Qué tiene que pasar en un centro educativo para que la policía sea necesaria? En el caso de trece institutos catalanes desde finales del pasado mes de abril, nada concreto a priori: según el nuevo Plan Integral de Seguridad y Bienestar en el Entorno Educativo (Eduseg), puesto en marcha por el Gobierno regional con carácter experimental, policías vestidos de civil pasarán a formar parte del paisaje humano de estos centros, por supuesto sin armas cuando sea necesario, para intervenir.
Si bien las autoridades han defendido la medida como preventiva, ante “la complejidad del entorno de los centros educativos y la necesidad de mejorar el bienestar de los estudiantes y de toda la comunidad educativa”, los sindicatos educativos protestan porque no fueron consultados y exigen su retirada. Para estos últimos, los problemas graves de agresión o convivencia deberían solucionarse mucho antes, con más equipos sociales (psicopedagogos, orientadores y trabajadores sociales en los centros).
Antes de analizar ambas posturas, cabe preguntarse si realmente existe una crisis conflictiva en las aulas.
¿Los datos confirman que hay más conflictos?
El mayor estudio sobre convivencia escolar realizado en España en la última década fue encargado por el Ministerio de Educación a un equipo de la Universidad de Alcalá. Participaron 37.333 personas: alumnos, profesores, familias, equipos directivos y estructuras de orientación de 420 escuelas de primaria. Fue publicado en 2023.
En este estudio todos los grupos valoran positivamente la convivencia. La nota media supera los 8,19 puntos sobre 10. Los estudiantes valoran a Klima con un 9,24. El acoso escolar afecta al 9,53% de los estudiantes, un problema real que necesita atención, pero el estudio no describe un sistema en crisis de convivencia.
La percepción del profesor cuenta una historia diferente
Un estudio nacional sobre las causas del malestar docente, realizado por la Confederación de Sindicatos de Educadores con 13.213 encuestas, muestra que el 82,62% de los docentes califica el clima del aula como conflictivo o complicado, mientras que el 83,15% percibe un aumento de las agresiones y el 76,66% confirma actitudes hostiles de las familias.
Llama la atención el contraste con los datos internacionales. El Informe sobre Enseñanza y Aprendizaje de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, publicado en diciembre de 2025, muestra que uno de cada cinco docentes, en promedio en todos los países participantes, dice que a menudo experimenta mucho ruido y desorden en sus aulas.
Ambos informes miden cuestiones algo diferentes: la OCDE mide un problema disciplinario concreto, mientras que el informe español incluye una valoración global que incluye también la relación con las familias, la carga burocrática y la falta de apoyo especializado.
Esta situación repercute en la salud y el bienestar de los docentes: el estudio de la Defensoría del Maestro 2024-25, elaborado por la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza con 2.004 acciones, confirma los costos sanitarios: el 71,3% de los docentes que han sido tratados presentan ansiedad, y sólo el 4,4% dice sentirse tranquilo.
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La brecha no es una percepción: es estructural
¿Cómo se explica que los estudiantes califiquen el clima con un 9,24, mientras que el 80% de los docentes lo califican como conflictivo? Ambos grupos dicen la verdad, ya que miden cosas diferentes desde diferentes posiciones.
Los profesores no sólo gestionan los conflictos entre estudiantes. Detectan posibles abusos, afrontan crisis de ansiedad y contienen conductas graves sin una formación especial de calidad. El mismo estudio señala que es el colectivo que peor valora sus herramientas para detectar problemas de convivencia: un 6,08 sobre 10. Y sólo el 58% del profesorado novel afirma haber recibido formación en gestión del aula.
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Más variedad, menos recursos
Tampoco hay recursos. Según estadísticas de educación no universitaria. Estudiantes con una necesidad específica de apoyo educativo. Curso académico 2024-2025. año, el número de estudiantes con necesidades de apoyo educativo está creciendo y sobrecargando el sistema, mientras que los recursos aumentan a un ritmo insuficiente.
Por ejemplo, hay poca presencia en los centros de orientadores, psicólogos o pedagogos especializados que se encarguen de detectar dificultades de aprendizaje, evaluar a los alumnos y asesorar a familias y profesores. También atienden casos de salud mental y coordinan el apoyo educativo del centro. En España hay un orientador por cada 700 u 800 estudiantes, mientras que las derivaciones profesionales son una por cada 250.
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Pequeña respuesta oficial
¿Y qué sucede cuando los docentes se enfrentan a conflictos graves que exceden su capacidad de respuesta? Si hay agresión física o verbal, acoso o falta de respeto grave, pueden contactar con el Defensor del Pueblo de Educación. Pero sólo el 11,3% de los casos atendidos por esta figura contaron con el apoyo de la inspección educativa, es decir, resultaron en la intervención de la administración para apoyar al docente. De ahí el sentimiento de impotencia.
Es difícil medir si hoy hay más conflictos en los institutos y escuelas españoles o si son más graves que hace unos años. Pero lo que se mide es que la capacidad del sistema para gestionarlos es insuficiente.
La evidencia apunta en otra dirección
En Estados Unidos, algunos expertos han investigado el efecto de expulsar a los agentes del orden de las instituciones: los delitos denunciados han disminuido, pero las tasas de arresto no. Es decir, agregar o eliminar agentes no resuelve el problema. Las escuelas necesitan estrategias que reduzcan su dependencia del sistema penal.
El programa finlandés contra el acoso escolar apunta en esa dirección. Un estudio de 234 escuelas y 28.000 estudiantes encontró que los estudiantes sin el programa tenían entre 1,3 y 2 veces más probabilidades de experimentar o participar en acoso.
El efecto fue mayor en primaria que en secundaria, y las intervenciones directas sobre los casos detectados lograron frenar la conducta en el 86% de ellos. Hoy en día, este programa se implementa en el 82% de las escuelas finlandesas. Ninguno de los componentes implica presencia policial.
Lo que revela la medida catalana
La presencia de agentes en los centros catalanes es síntoma de la descarga silenciosa. Cada consejero que atiende a 700 alumnos en lugar de 250 es un conflicto que no se está detectando a tiempo. Cualquier trabajador social que no esté en plantilla es una mediación que no se produce. Cada hora de burocracia significa una hora menos de atención a los estudiantes que más la necesitan. Los tutores necesitan más recursos, espacio y tiempo para poder realizar su trabajo de forma eficaz y eficiente.
Cuando estas brechas se acumulan, la respuesta es, en última instancia, la policía. No porque los centros sean más peligrosos, sino porque están más solos.
La sociedad debe decidir qué escuela quiere. Uno con el apoyo que necesitas para enseñar. O la que se ha convertido en la frontera, donde los profesores hacen de todo y la policía tapa los resquicios.
La enseñanza no puede hacerlo todo, ni debería hacerlo.
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