El debate sobre los teléfonos móviles en la escuela ha dejado de ser una conversación universitaria y se ha convertido en política pública. En España, siguiendo las recomendaciones del Consejo Escolar Nacional, el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas han aprobado instrucciones que coinciden en el mismo sentido: el teléfono móvil personal debe estar apagado y guardado durante la jornada escolar, salvo autorización expresa del profesorado. A ello se suma la tramitación de la ley de protección del menor en entornos digitales, actualmente en las Cortes Generales.
La dirección regulatoria es clara. Lo que no está tan claro es si trabaja solo.
Lo que dice la investigación
En nuestro libro Los jóvenes y los teléfonos móviles en las aulas (Octahedro, 2025), ofrecemos una respuesta desagradable: la prohibición de los teléfonos móviles por sí sola no mejora el rendimiento académico. Lo que marca la diferencia es la formación de los docentes para gestionar su presencia (o ausencia) con criterios pedagógicos.
Algunos estudiantes admiten que prestan más atención en clase después de la prohibición. Pero la presencia ya no equivale a aprender a regular. El teléfono móvil no está desapareciendo de la vida de los adolescentes: está cambiando el panorama. Y cuando una norma no va acompañada de formación, sólo funciona mientras haya supervisión.
Otro problema es la inconsistencia. Una madre que participó en el estudio lo resumió perfectamente: “Debería prohibirse el uso de teléfonos móviles, pero los profesores los piden para actividades como Kahoot… Así que la norma pierde su coherencia”. Sin criterios acordados, la gestión queda en manos de cada profesor y los alumnos aprenden que la norma depende del estado de ánimo del día, no del centro.
La clave no es sólo qué se decide sobre el móvil, sino cómo se decide, quién decide y con qué apoyo.
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Que y como hacer
A continuación ofrecemos pautas para una gestión eficaz y sostenible de la telefonía móvil en los centros:
Formar a los docentes en gestión pedagógica, no sólo en la limitación: la formación docente es el factor más consistentemente asociado a mejoras reales. No se trata de saber instalar una app, se trata de tener un criterio claro: ¿en qué tipo de tareas el móvil aporta valor y en cuáles es una distracción gratuita? ¿Cómo se comunica esa decisión al grupo?
Esta formación debe incluir estrategias para la gestión de la atención en el entorno digital, diseño de uso limitado con significado pedagógico y alfabetización digital integrada en las asignaturas, no como un tema aparte, sino como parte del trabajo cotidiano.
Construir las normas acordadas por el centro, no simplemente transferirlas. Las reglas que funcionan no son necesariamente las más estrictas, pero sí las más frecuentes. Cuando los estudiantes comprenden el “por qué” de la restricción (y participan en su definición), la norma gana legitimidad sin necesidad de un seguimiento constante.
Esto requiere un proceso reflexivo: acuerdos del profesorado con criterios comunes, espacios de participación real de los estudiantes y comunicación clara con las familias. Sin este trabajo previo, cada docente improvisa y la norma se convierte en una ficción.
La enseñanza de la autorregulación como contenido educativo. Las familias participantes en el estudio señalan el núcleo del problema: “No es el uso del teléfono, el problema es todo lo que ven a través de él. Si el problema es un hábito, la solución no puede ser simplemente quitar el objeto”.
La enseñanza de la autorregulación digital no requiere una nueva materia: se puede integrar en la docencia, analizando datos sobre el uso del propio estudiante; en lenguaje o ciencias sociales, discutir cómo se diseñan las plataformas para atraer la atención; o en todo caso, practicar el cierre consciente del dispositivo al finalizar la actividad.
Resuelve la función logística del dispositivo. El teléfono móvil entra en las aulas, en muchos casos, por necesidad material: cuando no hay ordenadores disponibles o el aula informática está ocupada, es la única alternativa. Ignorar esto crea reglas que se incumplen desde el primer día. Los centros que gestionan bien esta tensión son los que han separado dos cuestiones distintas: ¿Queremos reducir el uso de móviles personales que distraen? ¿Y queremos integrar herramientas digitales en el aprendizaje? La respuesta puede ser sí para ambas, pero requieren estrategias diferentes. El segundo requiere inversión en infraestructura, no sólo en regulación.
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Una pregunta útil
Una pregunta útil no es “¿Prohibimos o permitimos?” sino “¿Cómo podemos garantizar que la decisión sobre los teléfonos móviles tenga un efecto real?” La prohibición puede ser una herramienta legítima y, en ocasiones, eficaz. Pero una prohibición sin formación, sin acuerdo y sin escolta deja intacto el meollo del problema.
Ese núcleo no está en el texto de la ley. Es en el aula un lunes por la mañana, donde el profesor decide qué hacer con los veinteañeros y sus dispositivos. Ordenanza o no, esa decisión sigue siendo suya. Y la diferencia entre una decisión informada y una decisión improvisada no la hace una norma: la hace la formación.
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